Urgen a instalar señalización contra la discriminación en Guanajuato

GUANAJUATO, Gto., 26 de abril de 2025.- a diputada María Eugenia García Oliveros, integrante del grupo parlamentario del partido Morena, presentó un punto de acuerdo con el propósito de instar al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial, a los ayuntamientos, a las diversas dependencias y entidades tanto estatales como municipales, así como a los organismos autónomos del estado de Guanajuato, a cumplir con la medida afirmativa estipulada en el artículo 11 bis de la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Discriminación en la entidad.

De manera adicional, la legisladora solicitó que, a través de la Secretaría General del Congreso del Estado, se proceda a la instalación de señalización visible que prohíba explícitamente la discriminación en el propio edificio del Poder Legislativo. Esta acción busca dar cumplimiento efectivo al mencionado ordenamiento legal y predicar con el ejemplo desde la sede del Congreso.

García Oliveros recordó que el 15 de febrero de 2024 se aprobaron importantes reformas a la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Discriminación en el Estado de Guanajuato. El objetivo primordial de estas modificaciones fue garantizar que todo establecimiento mercantil y cada oficina pública dentro del estado cuenten con señalización claramente visible que prohíba de manera expresa cualquier forma de discriminación.

La diputada detalló que las reformas establecen de manera inequívoca que todo establecimiento que ofrezca servicios al público y toda oficina perteneciente a los poderes públicos del Estado, los ayuntamientos, las dependencias y entidades estatales y municipales, así como los organismos autónomos, deben implementar, como una medida de acción integral, señalización accesible a todo el público con la leyenda concisa y directa: En este lugar se prohíbe discriminar.

Sin embargo, García Oliveros lamentó que, a más de un año de la aprobación de esta trascendental reforma, un número considerable de instituciones públicas aún no ha cumplido con esta disposición. Señaló que, aunque algunas entidades privadas han tomado medidas al respecto, la falta de acción por parte del sector público resulta preocupante. La legisladora enfatizó que en Guanajuato, un significativo 15.9 por ciento de la población ha declarado haber sido víctima de discriminación por diversos motivos personales, lo que subraya la urgencia de la propuesta para concientizar y comprometer genuinamente a las instituciones públicas y privadas en la lucha contra la discriminación en todas sus manifestaciones.

“Resulta injustificable que las instituciones de gobierno, precisamente aquellas encargadas de garantizar una vida libre de discriminación, una vida plena y con derechos para los ciudadanos, no hayan cumplido hasta ahora con este ordenamiento legal”, aseveró con firmeza la diputada García Oliveros.

Finalmente, la legisladora subrayó la importancia de actuar en congruencia con la aprobación unánime que la reforma recibió en su momento, y como una reafirmación del compromiso de no retroceder en la lucha por erradicar cualquier tipo de discriminación en el estado de Guanajuato. El punto de acuerdo ha sido remitido a la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables para su exhaustivo estudio y la posterior emisión del dictamen correspondiente.