Urgen cambios en justicia alternativa/Paulino Lorea

Hace algunas semanas, poco después del arribo oficial al cargo de nuevo Fiscal General de Guanajuato, Lic. Vázquez Alatriste, en un encuentro informal con el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Lic. Héctor Tinajero, comentaron ambos que harían esfuerzos para fortalecer e impulsar más las áreas de justicia alternativa de ambas dependencias para rebasar un 70% de asuntos que pueden resolverse por esa vía.

Y efectivamente, esa meta u objetivo fue fijado desde la publicación de la Reforma Constitucional publicada desde el año 2008 y que se aplicó finalmente a partir de 2016, para dar prioridad a medios alternativos de solución de conflictos penales, utilizando la conciliación y acuerdos restaurativos a las partes.

No obstante, tanto en la Fiscalía General de Justicia como en el Poder Judicial del Estado, se crearon sendos organismos para ese fin. En la Fiscalía se denominan Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal (MASCMP), o bien, Centro de Evaluación de Justicia Alternativa (CEJA); y en el Poder Judicial, en los distintos partidos judiciales se instalaron Centros de Justicia Alternativa.

El problema que vislumbramos a lo largo de estos nueve años de experiencia en el sistema es que no se ha logrado obtener el resultado que se esperaba a través de estos mecanismos, ya que han sido ineficaces, sobre todo para persuadir o convencer a los inculpados o imputados para llegar a acuerdos reparatorios en favor de las víctimas y cuando contratan defensores y no a expertos en mediación, los abogados defensores, conocedores del rezago, de lo tardío de la integración de carpetas de investigación, sobre todo en tratándose de delitos patrimoniales (robo, abuso de confianza, fraude, despojo o daños) les aconsejan no aceptar arreglo alguno y seguir “ganando tiempo”, al cabo no les pasa nada.

Como los Agentes del Ministerio Público no intervienen, sino solo los mediadores especializados de la Unidades Administrativas instaladas exprofeso para ello, estos explican el procedimiento y la oportunidad de llegar a un acuerdo para terminar el caso, pero de manera muy suave, muy light, por decirlo de alguna manera, sin tocar ni con el pétalo de una rosa al imputado o presunto responsable, es más, recalcándole que solo que sea su deseo, pero que puede negarse sin problema.

Así es difícil que funcione esta fase, etapa u oportunidad para concluir un asunto. Tenemos experiencias donde estas dizque audiencias, no duran ni cinco minutos porque el abogado defensor no deja ni siquiera que se exprese el imputado y ya llega diciendo “no queremos ningún arreglo”; firman el desahogo y se van.

En el Sistema en los Estados Unidos al que se pretendió imitar, con algunas diferencias, esta fase o posible conciliación se da previamente a la citación de audiencia de inicio de caso y acusación del Fiscal; no solamente ante un simple mediador, ni siquiera ante el Fiscal, sino en la oficina del propio Juez, su Secretaria o Secretario, el Fiscal, el imputado y su defensor; el Juez pide al Fiscal explique los cargos y qué pena propone; el inculpado y el defensor se consultan entre sí y contraproponen, o si no aceptan queriendo hacerse los valientes, el Juez le pide al Fiscal les dé una probadita del cúmulo de pruebas que tienen en su contra; aun así si no aceptan o proponen otro acuerdo aceptando la acusación, el Juez les advierte que si siguen obstinados en ir a proceso, su penalidad podría ser mucho mayor a la que les propone la Fiscalía.

Esto lo viví directamente con un Juez en Pasadena, California, en las prácticas de intercambio entre la Universidad Iberoamericana y la Loyola Law School, donde estuvimos doce días. En esa jornada, de diecisiete casos que tuvo ese Juez en Audiencia Inicial, se resolvieron dieciséis por vía de acuerdo, aceptando su culpabilidad los inculpados; ya solamente se formalizaron las audiencias; de las 12:00 a las 14:30 horas se desahogaron todas y luego nos fuimos a comer.

Aquí hace falta que mínimo el Ministerio Público advierta, sobre todo al defensor, para que explique al imputado que, de no llegar en esa oportunidad a un arreglo, existen pruebas suficientes para enjuiciarlo.

Ojalá y que el Presidente Héctor Tinajero Muñoz y el Doctor Gerardo Vázquez Alatriste, con la enjundia que han mostrado en este inicio de gestión, después de ese Conversatorio que tuvieron esta semana que terminó, entre los colaboradores de sus diferentes equipos con que cuentan, hayan encontrado coincidencias en su coordinación operativa y funcional, para mejorar esta Justicia Alternativa; claro, acorde y en los términos de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal.