Pide Partido Verde auditar compra del terreno para la Feria de Silao

GUANAJUATO, Gto., 6 de noviembre de 2025.- El coordinador del Grupo Parlamentario del Verde en el Congreso local, Sergio Contreras Guerrero, insistió en la necesidad de realizar una auditoría integral al proceso de compra del predio rústico denominado El Cortijo, destinado para las futuras instalaciones de la Feria de Silao.

Contreras Guerrero afirmó que, si bien la adquisición se hizo con buena intención, el procedimiento deja muchas dudas.

“Es no solo necesario, sino urgente revisarlo; el proceso con el que se adquirió nos deja mucho que pensar”, subrayó.

El legislador respaldó el Punto de Acuerdo presentado junto con el Grupo Parlamentario de Morena, que solicita a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG) incluir en el Programa General de Fiscalización 2026 una revisión específica al proceso de planeación, autorización, licitación, adjudicación y compra-venta del terreno.

Detectan inconsistencias en el avalúo y en el contrato

El diputado señaló que las irregularidades comienzan desde el instrumento notarial de la compraventa, ya que no se especifica que el predio se destinaría exclusivamente para uso ferial, lo cual contradice la decisión del Ayuntamiento.

De acuerdo con el avalúo oficial, el terreno tiene 4.8 hectáreas y fue adquirido en 80 millones de pesos, a razón de casi 17 millones por hectárea. Además, al momento de la compra, el predio registraba un adeudo predial superior a 100 mil pesos, lo cual contraviene la normatividad.

“El contrato de compraventa establece de manera falsa que el inmueble se entregaba libre de gravamen y al corriente en impuestos municipales. Sin embargo, los registros oficiales prueban lo contrario”, precisó Contreras.

Posible daño patrimonial y riesgos geológicos

El congresista advirtió que esta falsedad administrativa podría generar responsabilidad patrimonial y administrativa para los servidores públicos involucrados, incluida la alcaldesa de Silao, Melanie Murillo Chávez.

Agregó que un segundo avalúo emitido por un perito independiente valuó el terreno en 41 millones de pesos, la mitad del monto pagado. Y señaló además afectaciones por una falla geológica.

“Una compra a sobreprecio de un terreno público con riesgos representa un atentado directo a las finanzas municipales y a la seguridad de la ciudadanía”, enfatizó.

Pago diferido compromete finanzas

Contreras Guerrero explicó que la operación se pactó a tres años, con un primer pago de 30 millones de pesos ya cubierto. Otro por 30 millones en 2026, y un último de 20 millones en 2027.

“Este esquema compromete recursos públicos futuros que podrían destinarse a áreas prioritarias”, sostuvo.

Pide transparencia y sanciones

Finalmente, el legislador resaltó que la opacidad y la falta de transparencia son factores que generan desconfianza ciudadana.

“El Congreso del Estado tiene la obligación de impulsar las investigaciones necesarias para dotar de certeza jurídica esta operación”, concluyó.

La propuesta fue turnada a la Comisión de Hacienda y Fiscalización para su estudio y dictamen.