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LEÓN, Gto., 24 de junio de 2025.- La Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGEG) informó que, Pedro N y Marcos Antonio N fueron vinculados a proceso penal como presuntos responsables del asesinato de dos custodios y las lesiones graves de un tercero, ocurrido en noviembre de 2024.
Los imputados, quienes permanecieron impasibles durante la audiencia inicial, enfrentan cargos de homicidio calificado contra servidores públicos y homicidio calificado contra servidores públicos en grado de tentativa, lo que marca un paso crucial en la resolución de este violento ataque.
El Ministerio Público detalló durante la audiencia la secuencia de los hechos. El 1 de noviembre de 2024, los tres custodios salieron de su turno en el Ceprereso de León y se dirigían a sus hogares en un mismo vehículo. Decidieron hacer una parada en una tienda de abarrotes en la comunidad de San Francisco del Durán. Fue en ese momento cuando fueron emboscados por los agresores, quienes descendieron de dos vehículos y abrieron fuego con armas largas, provocando la muerte instantánea de dos de los oficiales y dejando a uno más gravemente herido.
La Fiscalía presentó una narrativa sólida, respaldada por diversas pruebas que conectaban directamente a los imputados con el ataque. Aunque la defensa de Pedro N y Marcos Antonio N intentó desvirtuar las acusaciones con supuestas coartadas, sus declaraciones fueron inconsistentes y carecían de sustento probatorio verificable, lo que llevó a la Fiscalía a rebatirlas de manera contundente y demostrar las contradicciones.
Tras un análisis minucioso de las evidencias, el juez determinó que la carga probatoria presentada por la Fiscalía era robusta y establecía una clara conexión entre los imputados y el brutal atentado. En consecuencia, dictó el auto de vinculación a proceso penal contra Pedro N y Marcos Antonio N. Adicionalmente, y ante el evidente riesgo de fuga, se impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada para ambos, asegurando que permanezcan bajo custodia mientras avanza el proceso legal.
Esta decisión judicial es el resultado de meses de una intensa investigación, liderada por el Ministerio Público y ejecutada con determinación por agentes investigadores, peritos y analistas.