Las Batallas
Hay momentos en política en los que el problema no está en lo que ocurre, sino en cómo se cuenta. Y en Guanajuato, el caso de los 59 millones de litros de combustible asegurados en San José Iturbide parece convertirse justamente en eso, en un enorme operativo que pudo ser una noticia de seguridad y que terminó convertido en un problema de comunicación política.
El 17 de septiembre, autoridades federales y estatales aseguraron alrededor de 59 millones de litros de hidrocarburo en una terminal de San José Iturbide. La dimensión era, por sí sola, suficiente para ocupar titulares. La propia información oficial fue cuidadosa, ellos hablaban de “presunto hidrocarburo” y dejó claro que correspondía al Ministerio Público Federal determinar la naturaleza, procedencia y legalidad del producto.
Pero políticamente la historia se contó de otra manera. El secretario de Seguridad y Paz, Juan Mauro González, habló de un “golpe” contra el huachicol y después defendió que aquello no había sido un golpe de suerte, sino el resultado de una investigación iniciada con el aseguramiento de una pipa. El problema no era presumir un operativo de esa magnitud. El problema era vender como conclusión lo que todavía era una investigación.
Y ahí aparece la pregunta incómoda para el equipo de asesores de la gobernadora Libia Dennise García: ¿Quién estaba midiendo el riesgo político de anunciar una operación federal antes de que estuvieran cerradas las conclusiones ministeriales?
Porque días después llegaron las complicaciones. Grupo SIMSA sostuvo que la operación de su terminal era lícita y que contaba con permisos para almacenar petrolíferos. La FGR, por su parte, informó que no había recibido documentación completa que acreditara la licitud del origen, manejo y destino del combustible, por lo que la investigación fue atraída por la FEMDO.
Y el 25 de septiembre llegó otro dato que cambió el tamaño de la historia, ese día el secretario federal Omar García Harfuch confirmó que el delegado de la FGR en Guanajuato había sido separado del cargo por inconsistencias en el operativo y que la investigación continuaba bajo otra instancia de la Fiscalía.
Aquí conviene hacer una precisión, esto no significa que los 59 millones de litros hayan desaparecido ni que el aseguramiento fuera inventado. El volumen está documentado. Lo que permanece bajo investigación es su procedencia y eventual ilicitud. Esa diferencia, que parece elemental, es precisamente la que un buen equipo de comunicación política debería cuidar.
Por eso el problema no está necesariamente en el secretario de Seguridad. Él hizo su trabajo y la dependencia estatal participó en la investigación que condujo al cateo, aunque posteriormente González marcó distancia y recordó que la actuación ministerial correspondía a la FGR. El problema está en otra parte: ¿Quién aconsejó cuándo hablar, cuánto decir y qué reservar?
Porque si un gobierno anuncia un “golpe histórico” y una semana después la Fiscalía federal tiene que atraer la investigación por inconsistencias, la noticia original deja de ser solamente de seguridad. Se convierte en un problema de narrativa, coordinación y credibilidad.
Y esto no ocurre aislado. En las mismas horas aparecieron otros dos frentes: el Acueducto Solís-León quedó nuevamente bajo evaluación federal, mientras en Celaya la gobernadora enfrentó abucheos durante un acto con la presidente de México. Son episodios distintos, sí, pero tienen algo en común, que ambos obligaron al gobierno estatal a reaccionar cuando la agenda ya estaba marcada por otros.
En el caso del acueducto, además, existe un dato que no es menor, donde el Congreso de Guanajuato autorizó hasta 4 mil millones de pesos de financiamiento específicamente para esa obra.
No hace falta inventar una crisis de gobierno. Tampoco hace falta pedir cabezas. Pero sí preguntarse si la gobernadora tiene alrededor un equipo suficientemente bueno para anticipar escenarios, detectar riesgos y, sobre todo, decirle cuándo no conviene hablar.
Porque en política comunicar no es solamente salir rápido a presumir resultados. También es saber esperar.
Y quizá eso sea lo que más está faltando en Guanajuato, no más voceros, no más boletines, no más explicaciones después del golpe.
Hace falta alguien que, antes de que se encienda el micrófono, pregunte qué puede salir mal.