Aprueba Congreso de Guanajuato reforma para la elección de jueces; desata choques por financiamiento de partidos

Guanajuato, Gto.— El Pleno del Congreso local aprobó reformas a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, cuyo eje central establece el nuevo modelo para la elección por voto popular de las personas juzgadoras. Con esta votación, el Legislativo armoniza la norma estatal con la reforma constitucional en materia judicial-electoral que regirá los próximos comicios locales.

La aprobación se dio prácticamente al límite del plazo legal, debido a que cualquier modificación a las leyes electorales debe publicarse al menos 90 días antes del inicio del proceso. Esto busca garantizar la certeza jurídica, la estabilidad institucional y reglas claras que eviten cambios sobre la marcha o por intereses políticos coyunturales.

A pesar de que el dictamen se aprobó por unanimidad en lo general, la presentación de reservas desató un intenso debate entre los diputados del PAN y Morena, quienes intercambiaron acusaciones de "populismo legislativo" a raíz de una propuesta para recortar los recursos públicos a los partidos políticos.

La confrontación inició cuando el diputado Carlos Abraham Sotomayor presentó una reserva para disminuir de forma gradual hasta en un 50% el financiamiento público a los partidos en la entidad. Para contextualizar su propuesta, se expuso que de 2019 a 2026, las prerrogativas de los partidos en Guanajuato crecieron un 57.5%, pasando de 147.4 millones de pesos a más de 232.3 millones de pesos. La iniciativa, sin embargo, fue rechazada por la oposición.

El diputado panista Erandi Bermúdez arremetió contra la bancada de Morena: “Tengan poquita vergüenza y mucha memoria histórica. Tras el sismo de 2017 en la CDMX, los partidos y el INE acordaron transferir recursos para la reconstrucción, pero solo un partido se clavó la lana y nunca la entregó: Morena”.

Bermúdez añadió que en ese entonces Morena no era gobierno y necesitaba operar, pero que ahora que ostentan el poder, buscan desmantelar a los partidos más pequeños.

En respuesta, el coordinador de Morena, David Martínez Mendizábal, aseguró que el verdadero problema del PAN es la popularidad de su partido:

“Con cualquier cosa tratan de disminuir un elemento probado: electoralmente les llevamos la ventaja de 4 a 1, y algunos partidos están al borde de la extinción. No es verdad que nos clavamos el dinero; si en su partido se acostumbra a eso, no echen la basura para acá, primero limpien la suya”, presumió.

Martínez aludió indirectamente a Ricardo Anaya al señalar que “un senador se fue seis años al extranjero y volvió con fuero, acusado de enriquecimiento ilícito que nunca comprobó”, y remató afirmando que las cuentas de Morena están abiertas a revisión.
Por su parte, la diputada morenista María Eugenia García Oliveros presentó cuatro reservas —una de ellas enfocada en combatir el uso de programas sociales en campañas—, pero ninguna fue aprobada.

Durante el análisis general, la diputada panista Susana Bermúdez advirtió que la elección popular de juzgadores implica un cambio de paradigma que despierta legítimas preocupaciones. Sostuvo que la justicia no debe depender de popularidades, estructuras político-electorales ni dinámicas de campaña. Defendió que el Congreso local actuó con responsabilidad para evitar vacíos legales ante una reforma federal que calificó de "deficiente" y aprobada sin escuchar el consenso técnico y académico.

En su intervención, el diputado Jorge Espadas Galván (PAN) criticó lo que llamó contradicciones de Morena. Señaló que mientras el partido oficialista habla de austeridad, se ha negado a respaldar iniciativas para retirar el registro a partidos que reciban financiamiento del crimen organizado. Espadas aprovechó la tribuna para exigir a la presidenta de la República que “rompa el pacto criminal de López Obrador” y actúe con firmeza ante los presuntos vínculos entre la política y la delincuencia.
Las claves del nuevo modelo electoral judicial

El dictamen aprobado condensa siete iniciativas distintas y delinea la nueva estructura procesal del estado:

• Se crea el modelo para organizar y desarrollar las votaciones del Poder Judicial del Estado, coordinado entre los poderes públicos y las autoridades electorales.
• Se incorporan al marco legal el juicio electoral, el juicio de inconformidad en materia judicial y el juicio general.
• Se establece la paridad de género obligatoria, la prohibición estricta de intervención partidista y del uso de recursos públicos.
• Se regulan los gastos de campaña y se prohíbe la propaganda pagada en medios y redes sociales mediante posicionamiento artificial (bots/granjas de clics).
• Los perfiles y trayectorias se difundirán mediante entrevistas públicas. Además, se integrarán Comités de Evaluación temporales en los tres poderes del Estado para verificar la idoneidad de los aspirantes.