Los arquitectos y el rostro de León
México enfrenta un problema brutal y de urgente atención política, social, ambiental y económica: mientras millones de personas padecen cortes y sequías, otros —particulares, industrias irregulares y mafias locales— roban el agua del subsuelo o de la red pública como si se tratara de un botín personal. A ese fenómeno se le ha llamado “huachicoleo del agua”, y durante años fue un secreto a voces, tolerado por gobiernos que preferían mirar hacia otro lado.
Esa época parece haber terminado. La presidenta Claudia Sheinbaum ha decidido enfrentar el problema con la misma seriedad con la que antes se combatió el robo de combustibles. Pero su estrategia va más allá de la vigilancia o de las sanciones: se trata de una política de Estado que coloca al agua en el centro del proyecto de justicia social y ambiental del nuevo gobierno.
Desde que era jefa de Gobierno de la Ciudad de México, nuestra presidenta entendió que la crisis hídrica no se resuelve con discursos, sino con ciencia, planeación y ética pública. Su formación como ingeniera ambiental le permite ver el agua no sólo como un recurso natural, sino como un sistema de vida que debe gestionarse con racionalidad y equidad. Hoy, ya en la Presidencia, ha extendido esa visión al ámbito nacional: medidas coordinadas entre CONAGUA, gobiernos estatales y municipales, auditorías sobre concesiones irregulares, cierre de tomas clandestinas y un enfoque punitivo contra quienes lucran con el agua.
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