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GUANAJUATO, Gto., 30 de abril de 2026.- En un fallo sin precedentes para la entidad, la justicia federal otorgó un amparo a un colectivo de 50 mujeres para evitar que sean criminalizadas por abortar en el estado de Guanajuato. La resolución fue emitida por Luz Adriana Rico Páez, jueza Primero de Distrito, tras un proceso legal que se extendió por más de diez meses.
El juicio de amparo, promovido el 5 de junio de 2025, señalaba directamente la omisión de la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo y del Congreso del Estado al no armonizar la legislación penal local con tratados internacionales.
Las quejosas argumentaron que el Estado ha fallado en cumplir con la Convención de Belém do Pará, para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer, así como la CEDAW (Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer).
Aunque la resolución representa una victoria para el movimiento feminista, el alcance jurídico tiene matices específicos debido al principio de relatividad, que dicta que las sentencias de amparo solo protegen a quienes lo solicitan.

La medida aplica únicamente para las 50 firmantes, protegiéndolas de cualquier proceso penal presente o futuro relacionado con la interrupción del embarazo.
La sentencia no obliga al Congreso ni a la Gobernadora a modificar el Código Penal vigente de forma inmediata, ni anula los artículos cuestionados para la población en general.
Una vez firme la sentencia, las autoridades deberán informar en un plazo de cinco días a la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Salud y el Poder Judicial sobre el estatus de protección de estas ciudadanas.
Pese a las limitaciones técnicas del amparo, activistas locales ven una ventana de oportunidad gracias a criterios recientes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
“Si no puedes criminalizar a 50, no puedes criminalizar a ninguna”, sentenció Naye Tello, fundadora de la Red de Acompañantas de León.

Tello destacó que el pasado 20 de abril, la Corte emitió un nuevo criterio de objetividad que sugiere que este tipo de medidas de protección podrían adquirir un carácter general.
“Este amparo sienta un precedente fundamental. Buscaremos que la protección se extienda a todas las mujeres en Guanajuato, basándonos en que la ley no puede aplicarse de forma discriminatoria”, concluyó la activista.