Guanajuato fortalece justicia laboral incluyente
Guanajuato.– Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que los artículos del Código Penal local que sancionan el aborto son inconstitucionales y otorgó al Congreso de Guanajuato un plazo máximo de 90 días para reformarlo, la bancada de Morena presentó dos iniciativas para modificar no solo el Código Penal, sino también la Ley de Salud, la Ley de Derechos Humanos, la Ley de Víctimas y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Ambas propuestas coinciden en definir el aborto como la interrupción del embarazo después de la décima segunda semana de gestación. Señalan que el aborto forzado es la interrupción del embarazo en cualquier momento sin el consentimiento de la mujer y establecen penas de cuatro a ocho años de prisión y de cuarenta a ochenta días multa para quien lo provoque.
Se excluye del delito de aborto cuando sea causado por culpa de la mujer embarazada; cuando sea procurado o consentido por ella si el embarazo es resultado de una violación; y cuando, de no provocarse, exista peligro de muerte o grave daño a la salud.
Una de las iniciativas fue presentada por la diputada María Eugenia García Oliveros, quien propuso incorporar el trabajo comunitario como opción de sanción para quien se practique un aborto después de la décima segunda semana de gestación. Además, planteó aumentar las penas por aborto forzado e incorporar agravantes cuando se ejerza violencia física o moral.

La legisladora propuso reformar el artículo 163 del Código Penal para cambiar la categoría de no punibilidad por la de exclusión del delito en los supuestos antes mencionados.
La segunda iniciativa fue presentada por las diputadas morenistas Plásida Calzada Velázquez, Miriam Reyes Carmona, Hades Aguilar Castillo y Martha Edith Moreno Valencia. La propuesta busca que el aborto sea legal, seguro y gratuito, e incluye reformas al Código Penal, la Constitución local, la Ley de Salud, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley de Víctimas.
En la Constitución estatal, se plantea sustituir el concepto de “protección de la vida desde la concepción” por el reconocimiento del derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre la maternidad. En la Ley de Salud, se establece la obligación de brindar servicios gratuitos, oportunos y de calidad para la interrupción del embarazo, sin estigmas ni sesgos.
Tras la presentación de las iniciativas, la diputada García Oliveros negó divisiones internas en la bancada de Morena y afirmó que ambas propuestas son distintas, pero complementarias.
Durante la sesión, la diputada panista Susana Bermúdez fijó la postura de su bancada en defensa de la vida y cuestionó la actuación de la Suprema Corte, reiterando su rechazo a la despenalización del aborto.
Posteriormente, diputados de Morena ofrecieron una rueda de prensa junto al Coordinador de Incidencia en Política Pública del GIRE, Francisco Cué, quien advirtió que, de no reformarse el Código Penal, la Suprema Corte podría invalidar de manera inmediata los artículos que criminalizan el aborto.
Cué explicó que el plazo de 90 días vence el 23 de junio y que, de emitirse la declaratoria de inconstitucionalidad, los artículos quedarían fuera del orden jurídico vigente en el estado.