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DOLORES HIDALGO, Gto., 20 de septiembre de 2025.- Autoridades estatales y municipales de Guanajuato, en colaboración con la empresa Agroverdi S.A. de C.V., realizaron un recorrido de verificación en el Rancho El Ramillete, en Dolores Hidalgo, para supervisar el cumplimiento de un acuerdo reparatorio en beneficio de los trabajadores agrícolas. Este acto, que tuvo lugar el 19 de septiembre de 2025, es parte de un convenio de colaboración interinstitucional firmado el día anterior.

Este proceso marca un avance significativo en la implementación de una justicia con enfoque humanista, donde las instituciones gubernamentales y la iniciativa privada trabajan en conjunto para priorizar a las personas. El objetivo central es asegurar y promover los derechos fundamentales de los trabajadores, incluyendo la salud, la educación, la vivienda digna y condiciones laborales justas.

El recorrido contó con la presencia de representantes de las diversas instituciones que firmaron el convenio. Entre ellas se encontraban la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PEPNNA), la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG), así como la Subsecretaría del Trabajo y Previsión Social. También estuvieron presentes funcionarios de la Presidencia Municipal de Dolores Hidalgo, de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato y representantes de Agroverdi S.A. de C.V., reafirmando su compromiso con la justicia social y laboral.
Este acuerdo reparatorio es resultado de una carpeta de investigación iniciada por la Fiscalía el 8 de julio de 2025, tras la identificación de un grupo de trabajadores como víctimas directas de violaciones a sus derechos humanos y laborales. En lugar de optar únicamente por un proceso punitivo, la Fiscalía impulsó una solución restaurativa que pone el foco en la reparación integral del daño, basada en principios de justicia con dignidad, escucha activa y coordinación interinstitucional.

El convenio, considerado una herramienta innovadora, busca no solo reparar los daños causados, sino también transformar las condiciones estructurales que permitieron estas violaciones. Para asegurar su efectividad, un equipo facilitador designado por las instituciones firmantes se encargará de monitorear de manera permanente el proceso, garantizando que los compromisos adquiridos se conviertan en beneficios reales y sostenibles para las personas afectadas.




