Amplían red de drenaje sanitario para beneficiar a más de 50 familias en Silao
Comonfort, Guanajuato, a 17 de julio de 2026.- La Sesión de Ayuntamiento que serviría para la aprobación de la tercera modificación al presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2026, se convirtió en una discusión jurídica que concluyó con la revocación de las facultades delegadas que permitían al presidente Municipal, Gilberto Zarate Nieves, suscribir convenios y contratos a nombre del municipio sin la aprobación previa y expresa del cuerpo colegiado.
Según se argumentó durante el debate, el presidente Municipal ha firmado convenios del programa de concurrencia con el Gobierno del Estado denominado Mi Colonia a Color, sin que el presupuesto para la participación haya sido validado antes por la Tesorería y el dictamen previo de la Comisión de Hacienda.
El alcalde Zarate Nieves defendió la necesidad de agilizar la gestión pública ante la falta de respuesta de las comisiones edilicias. Refirió que la Tesorería Municipal solicitó desde el 2 de julio la deliberación sobre diversos puntos presupuestales, sin que hubiera respuesta por parte de los regidores.
Además aseguró que el retraso es un bloqueo deliberado por parte de ciertos integrantes del cabildo, quienes, a su juicio, anteponen intereses políticos a la urgencia de concretar proyectos en beneficio de la ciudadanía.
La Tesorera Municipal, Araceli Álvarez Pescador, remarcó que si bien se han firmado documentos, no se ha ejecutado el gasto ni se ha erogado dinero público sin sustento, sin embargo, . No obstante, este argumento fue insuficiente para apaciguar la desconfianza de los ediles, quienes hicieron énfasis en el riesgo legal que representa para el municipio suscribir compromisos financieros de manera unilateral.
La síndica municipal, Diana Orozco Díaz, y el regidor José Mexicano, argumentaron la necesidad de revocar al alcalde la facultad que tenía para firmar contratos, convenios y demás actos jurídicos en representación del municipio.
Dejaron claro que la revocación de facultades no es solo un ajuste político, sino una respuesta necesaria ante la posible comisión de delitos como peculado y abuso de autoridad que ya son investigados por presuntas irregularidades graves.
Finalmente, consideraron necesaria la intervención urgente de la Fiscalía Anticorrupción y la ASEG, tras documentarse una gestión marcada por el favoritismo, la opacidad y la sistemática evasión de leyes.