Sin Interferencia/Enrique Rivera

El ascenso y descenso: ¿Quién manda realmente en el fútbol mexicano?

El Senado quiere devolverle el mérito deportivo al fútbol, pero hay una pregunta que todavía no tiene respuesta: ¿Hasta dónde puede intervenir el Estado en un negocio administrado por particulares?

El fútbol mexicano está viviendo uno de los debates más interesantes de los últimos años. Y no precisamente por lo que sucede dentro de la cancha, sino por lo que se está discutiendo fuera de ella.

Este lunes 21 de septiembre, el Senado de la República abrió sus puertas a legisladores, directivos, futbolistas y especialistas para discutir el regreso del ascenso y descenso al fútbol profesional mexicano.

Durante el conversatorio denominado «Fuera de lugar: ¿Por qué es injusto cancelar el ascenso y descenso en el fútbol?», el senador Clemente Castañeda, de Movimiento Ciudadano, anunció que presentaría una iniciativa para incorporar expresamente el mérito deportivo a las obligaciones de las asociaciones deportivas nacionales.

El planteamiento busca recuperar el ascenso y descenso, suspendido desde abril de 2020, cuando la pandemia sirvió de contexto para modificar la estructura de competencia de nuestro fútbol.

Lo que originalmente se presentó como una medida temporal terminó convirtiéndose en una transformación del modelo de negocio. En 2026, la Liga MX eliminó de su reglamento la posibilidad de ascender y descender por resultados deportivos.

Pero aquí comienza una discusión que va mucho más allá de determinar qué equipo merece jugar en Primera División.

¿Puede el Congreso obligar a los dueños de los equipos a modificar su modelo de negocio? ¿Y qué facultades tiene realmente el Estado mexicano para intervenir en las decisiones de la Federación Mexicana de Fútbol? 

La Federación es una asociación civil, pero la Liga MX es un negocio

Hay una diferencia fundamental que debemos entender antes de discutir cualquier reforma.

La Federación Mexicana de Fútbol (FMF) está constituida como una asociación civil. Como organismo rector de esta disciplina, forma parte de la estructura deportiva nacional y está sujeta a las disposiciones legales aplicables a las asociaciones deportivas.

La Ley General de Cultura Física y Deporte reconoce a las federaciones deportivas nacionales como asociaciones deportivas nacionales y establece que, además de sus funciones propias, ejercen determinadas funciones públicas de carácter administrativo bajo la coordinación de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE).

Esto significa que la Federación no puede argumentar que todas sus decisiones son exclusivamente privadas y están fuera del alcance de la legislación mexicana.

La CONADE tiene facultades legales relacionadas con el reconocimiento, registro y supervisión de las asociaciones deportivas nacionales, dentro de los límites establecidos por la ley.

El Comité Olímpico Mexicano (COM), por su parte, forma parte del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte, pero no tiene las mismas atribuciones que la CONADE ni es la autoridad encargada de regular directamente el sistema de competencia de la Liga MX.

Y aquí viene la otra parte de la ecuación.

La Liga MX opera como una organización de fútbol profesional en la que los clubes y sus propietarios participan en las decisiones sobre el modelo de competencia y su explotación comercial.

Los equipos son entidades privadas que realizan inversiones, negocian derechos de transmisión, administran patrocinios y desarrollan proyectos empresariales.

Sus propietarios tienen intereses económicos legítimos y facultades para tomar decisiones sobre sus negocios, siempre dentro del marco jurídico aplicable.

Por lo tanto, una cosa es que el Congreso pueda establecer obligaciones legales para las asociaciones deportivas nacionales y otra muy distinta es que pueda ordenar directamente a los propietarios cómo administrar sus inversiones.

La clave está en determinar qué aspectos de la organización del fútbol corresponden a la autonomía empresarial y cuáles están sujetos a las obligaciones legales de la Federación como organismo rector de este deporte.

La legislación mexicana permite regular determinadas actividades de las asociaciones deportivas nacionales, pero eso no significa que cualquier modificación a su estructura competitiva pueda imponerse automáticamente mediante una reforma. 

El mérito deportivo ya existe en las divisiones inferiores

Hay otro elemento que considero fundamental y que podría convertirse en uno de los principales puntos de discusión jurídica.

El fútbol mexicano mantiene mecanismos de ascenso y descenso en distintas categorías de su estructura competitiva.

Entonces, si la iniciativa legislativa únicamente establece que las asociaciones deportivas nacionales deberán garantizar el mérito deportivo y permitir la movilidad entre categorías, surge una pregunta inevitable:

¿La Federación podría argumentar que ya cumple con esa obligación porque existen ascensos y descensos en otras divisiones del fútbol mexicano?

Desde una interpretación general, esa posibilidad merece ser analizada.

Una disposición que simplemente establezca la obligación de promover el mérito deportivo podría resultar insuficiente para garantizar el regreso del ascenso y descenso entre la Liga de Expansión y la Liga MX.

Para evitar esa ambigüedad, los legisladores tendrían que definir con precisión el alcance de la reforma.

¿Se aplicaría a todas las disciplinas deportivas? ¿Únicamente a las competencias profesionales? ¿Obligaría a establecer movilidad entre todas las categorías o solamente a garantizar que existan mecanismos de ascenso y descenso dentro de la estructura de cada federación?

No son preguntas menores.

Una legislación demasiado general podría permitir distintas interpretaciones y dejar prácticamente intacto el actual modelo de competencia de la Primera División.

Por el contrario, una regulación que establezca obligaciones específicas para el fútbol profesional tendría que justificar su alcance, respetar las garantías constitucionales aplicables y considerar las consecuencias económicas y deportivas de su implementación.

El verdadero desafío legislativo no consiste solamente en incorporar el mérito deportivo a la ley, sino en definir qué significa, dónde debe aplicarse y cómo se garantizará su cumplimiento.

Los números explican buena parte del conflicto

Durante el encuentro en el Senado, el legislador Mauricio Vila Dosal presentó cifras que permiten dimensionar las diferencias económicas entre las dos principales categorías del fútbol profesional mexicano.

De acuerdo con los datos expuestos, un club de la Liga MX genera ingresos anuales promedio de 63 millones de dólares, mientras que uno de la Liga de Expansión registra aproximadamente 2.2 millones.

Estamos hablando de una diferencia cercana a 29 veces.

La brecha también se refleja en los derechos de transmisión, donde la diferencia presentada fue de 189 veces; en los ingresos comerciales y patrocinios, de casi 14 veces; y en los ingresos por día de partido, de 33 veces.

Estas cifras ayudan a entender por qué la discusión no puede limitarse a decidir quién merece ascender o descender.

Un equipo que pierde la categoría enfrenta una reducción potencialmente significativa de sus ingresos, mientras que uno que asciende necesita contar con infraestructura, personal, instalaciones y recursos suficientes para competir profesionalmente.

Por eso, durante el encuentro también se planteó la posibilidad de establecer un fondo de compensación económica que permita apoyar a los equipos que desciendan durante un periodo de transición.

El mecanismo podría contribuir a reducir el impacto financiero de perder la categoría y facilitar la continuidad de los proyectos deportivos.

Pero también tendría que definirse quién aportaría los recursos, cómo se distribuirían y bajo qué condiciones podrían acceder a ellos los clubes.

El ascenso y descenso no solamente requiere una reforma deportiva; también necesita un modelo económico que permita sostenerlo. 

¿Qué ganaría el fútbol mexicano con el regreso del ascenso y descenso?

Desde el punto de vista deportivo, recuperar la movilidad entre categorías permitiría que los resultados en la cancha determinaran una parte fundamental del futuro de los clubes.

Los equipos de Expansión tendrían la posibilidad de competir por un lugar en Primera División y los clubes de la Liga MX enfrentarían consecuencias deportivas por terminar en las últimas posiciones.

Esto podría generar incentivos adicionales para invertir en el desarrollo de jugadores, fortalecer las estructuras deportivas y mantener proyectos competitivos durante toda la temporada.

También abriría oportunidades para ciudades que actualmente no cuentan con representación en el máximo circuito.

Un proyecto deportivo desarrollado en una ciudad como Morelia, Zacatecas o Cancún podría aspirar a llegar a Primera División mediante sus resultados y el cumplimiento de requisitos profesionales.

La posibilidad de ascender también podría incrementar el interés de inversionistas, patrocinadores y aficionados en las categorías inferiores.

Sin embargo, estos beneficios potenciales no están garantizados. Dependerían del diseño del sistema, de la distribución de ingresos y de las condiciones de competencia que se establezcan.

¿Y cuáles serían las desventajas?

El principal riesgo es económico.

Un club que desciende podría perder ingresos por televisión, patrocinios, comercialización y asistencia al estadio, mientras mantiene compromisos financieros adquiridos durante su participación en Primera División.

Sin mecanismos de transición, esa reducción podría afectar contratos laborales, inversiones en infraestructura y programas de formación de futbolistas.

Otro desafío es la capacidad financiera y operativa de los clubes que buscan ascender.

No basta con ganar un campeonato. Participar en Primera División implica cumplir requisitos de infraestructura, seguridad, administración y solvencia económica.

También existe una discusión sobre la estabilidad de las inversiones.

Un modelo de competencia cerrado ofrece a los propietarios mayor previsibilidad respecto a su permanencia en la categoría y sus ingresos comerciales. El regreso del descenso incorporaría un riesgo adicional que podría modificar sus decisiones de inversión.

La cuestión es encontrar un equilibrio entre esa estabilidad financiera y la posibilidad de que nuevos proyectos deportivos accedan a la máxima categoría.

En otras palabras, el mérito deportivo y la sostenibilidad económica no tienen que ser conceptos incompatibles, pero conciliarlos exige reglas claras y mecanismos financieros adecuados.

¿Y dónde quedaron los dueños de los equipos?

Uno de los aspectos que llamó mi atención del encuentro fue la ausencia de los representantes de los organismos que administran el fútbol profesional mexicano.

Mikel Arriola, comisionado de la Federación Mexicana de Fútbol, y Francisco Iturbide, presidente de la Liga MX, fueron invitados al conversatorio, pero no participaron.

En cambio, estuvieron presentes representantes de clubes como Leones Negros, Cancún FC y Mineros de Zacatecas, quienes expusieron las dificultades que enfrentan para desarrollar proyectos deportivos sin la posibilidad de ascender.

Alberto Castellanos, presidente de Leones Negros, denunció presuntas represalias económicas contra los clubes que acudieron al Tribunal de Arbitraje Deportivo para exigir el regreso del ascenso y descenso.

Estas declaraciones requieren ser analizadas en el contexto de los procedimientos correspondientes y no constituyen, por sí mismas, una determinación sobre la existencia de irregularidades.

También participaron futbolistas que expresaron preocupación por las oportunidades de desarrollo profesional y las condiciones laborales en la Liga de Expansión.

La ausencia de los directivos de la Federación y de la Liga MX dejó pendiente conocer sus argumentos sobre las condiciones económicas, jurídicas y deportivas que consideran necesarias para modificar el actual sistema.

Y esa parte de la discusión es indispensable.

No se puede construir una solución integral sin escuchar a quienes administran las competencias, a quienes invierten en los clubes y a quienes dependen laboralmente de esta industria. 

¿Qué puede hacer realmente el Senado?

El Congreso tiene facultades para modificar el marco legal aplicable a las asociaciones deportivas nacionales.

La legislación vigente reconoce que estas organizaciones ejercen determinadas funciones públicas y están sujetas a obligaciones de legalidad, transparencia y rendición de cuentas.

Por lo tanto, existe un marco jurídico desde el cual puede discutirse la incorporación del mérito deportivo como una obligación legal.

Sin embargo, el alcance de cualquier reforma dependerá de su redacción y de su compatibilidad con las disposiciones constitucionales y deportivas aplicables.

La autonomía de las asociaciones, la libertad de organización empresarial y las obligaciones de los organismos rectores son elementos que deberán considerarse.

Además, el debate legislativo no debe confundirse con las facultades de la autoridad en materia de competencia económica.

La Comisión Nacional Antimonopolio mantiene una investigación relacionada con posibles prácticas anticompetitivas en el fútbol profesional mexicano. Ese procedimiento tiene objetivos y consecuencias jurídicas diferentes a los de una reforma deportiva.

Por ahora, el anuncio de una iniciativa no significa que el ascenso y descenso regresará automáticamente.

Tampoco existe una fecha aprobada para su implementación ni un modelo definitivo sobre el número de equipos que podrían ascender o descender. 

El fútbol necesita reglas claras

Después de analizar lo ocurrido en el Senado, considero que el debate tiene tres dimensiones que no deben confundirse: la autonomía empresarial de los clubes, las obligaciones legales de la Federación y las oportunidades deportivas de quienes participan en las distintas categorías.

Los propietarios de los equipos tienen derecho a proteger sus inversiones y desarrollar modelos de negocio sostenibles.

La Federación Mexicana de Fútbol, por su parte, tiene responsabilidades que trascienden los intereses comerciales de sus afiliados, derivadas de su papel como organismo rector de esta disciplina.

Y los clubes de las categorías inferiores necesitan conocer con claridad cuáles son las condiciones deportivas, económicas y administrativas que determinan sus posibilidades de llegar a Primera División.

La iniciativa anunciada en el Senado abre la posibilidad de revisar estas relaciones, pero todavía falta conocer su contenido definitivo y las obligaciones concretas que pretende establecer.

Si la reforma se limita a reconocer el mérito deportivo sin definir su aplicación en el fútbol profesional, podría generar nuevas controversias sin modificar el sistema actual.

Si establece obligaciones específicas, tendrá que explicar cómo se aplicarán, qué autoridad supervisará su cumplimiento y cómo se respetarán los derechos de todos los involucrados.

Y si se recupera el ascenso y descenso, será necesario construir mecanismos financieros que permitan competir a los clubes sin comprometer su viabilidad económica.

El verdadero reto no es decidir si el fútbol mexicano debe ser deporte o negocio. Es definir las reglas bajo las cuales ambas dimensiones pueden coexistir.

Porque mientras en el Senado se discute quién tiene facultades para cambiar el sistema, en las canchas hay jugadores, entrenadores, directivos y aficionados que siguen esperando conocer cuáles serán las reglas de su futuro.

Y en el fútbol, como en cualquier otra actividad, las reglas deben ser claras antes de que comience el partido.

Enrique Rivera

Sin Interferencia.