Derecho Canónico contempla atenuantes ante el aborto, afirma activista

Guanajuato, Gto., a 23 de junio de 2026.- El Código de Derecho Canónico de la Iglesia Católica contiene disposiciones que disminuyen o eximen de responsabilidad a las mujeres en casos de interrupción del embarazo, expuso Aideé García Hernández, representante de la organización Católicas por el Derecho a Decidir, durante una mesa de trabajo en el Congreso del Estado.

La activista participó en el análisis de tres iniciativas que buscan la despenalización del aborto en la entidad. Ante legisladores de las diferentes comisiones, García Hernández precisó la existencia de estas normativas internas de la institución religiosa:

“En términos de lo que conocemos de la tradición católica, la Iglesia Católica tiene atenuantes de aborto en su Código de Derecho Canónico. En el canon 1323 y 1324 establece que hay atenuantes para que las mujeres puedan abortar. Esto es algo que necesariamente no es algo que manejen los curas ni los sacerdotes, justamente porque tiene que ver con que el tema real de cómo transita el reconocimiento de la autoridad moral y el derecho a decidir tiene que ver con información que no se da”.

Al respecto, detalló que dichas causales aplican cuando la mujer es menor de 16 años, si existió desconocimiento de la norma, por ignorancia o bajo condiciones de coacción por violencia. A su parecer, este reconocimiento resulta fundamental debido a que demuestra que la Iglesia Católica posee diversas corrientes de pensamiento en su interior.

Asimismo, hizo referencia a las posturas del Papa Francisco, quien reconoció que el aborto dejaba de ser un pecado mortal. “Entonces, me parece que conocer más de nuestra tradición católica, de conocer más sobre lo que dice la Constitución de la Iglesia Católica, que es el Código de Derecho Canónico, es muy importante, justamente para no seguir reafirmando que el aborto sigue siendo un pecado”.

García Hernández recordó que la asociación que representa cuenta con una trayectoria de más de 30 años en México, donde defienden que la fe y la religión son dimensiones importantes para las personas. Sin embargo, señaló que los sectores eclesiásticos más conservadores no difunden estos criterios jurídicos de la propia Iglesia.

“Por eso creo que siempre, en este sentido, no hay una corriente única de pensamiento en la Iglesia Católica. Y creo que los diputados y las diputadas tienen que saberlo, tienen que comprenderlo, porque al final su actuación tiene que ser bajo el marco del Estado laico”.

Finalmente, la activista sostuvo que la reserva de esta información responde a una lógica de supervisión sobre los derechos reproductivos y concluyó con un señalamiento hacia la influencia de los bloques tradicionales en las políticas civiles:

“Y me parece que lo que sí ha sido real es que las instituciones, digamos que tienen una perspectiva patriarcal, misógina y machista, quieren seguir controlando los cuerpos de las mujeres, las decisiones de las mujeres, y en este sentido, todo lo que tiene que ver con las cuestiones del derecho a decidir, la reproducción y el ejercicio de la sexualidad sí tienen que ver con cuestiones de la moral sexual, donde los grupos conservadores son los grandes oponentes”, finalizó.

Se llevarán a cabo otras mesas de trabajo para analizar el tema

La de éste lunes fue la primera de tres mesas de trabajo de la comisión de Justicia para analizar tres iniciativas de reforma que buscan despenalizar el aborto. Más de 20 agrupaciones que apoyan la despenalización llegaron hasta la sala 1 del Congreso para aportar datos científicos y sociales sobre por qué es necesario eliminar la criminalización absoluta.

Son tres iniciativas de reforma al Código Penal relacionadas con la interrupción del embarazo: una para eliminar la criminalización absoluta del aborto, otra para despenalizarlo hasta las 12 semanas de gestación y la última para despenalizar el aborto voluntario.

Entre las ideas que se repitieron en las participaciones, está que las decisiones no podían seguir tomándose con base en creencias religiosas y que la penalización de aborto no impide que las mujeres dejen de abortar sino que genera condiciones de mayor riesgo. También expusieron que la maternidad infantil forzada sigue ocurriendo.

Señalaron que Guanajuato pertenece al Estado Mexicano y que está obligado a acatar lo que se establece desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aseguraron que el hecho de que el aborto sea legal determina cómo una mujer procesa sus deseos, con qué alternativas cuenta, de qué forma lo lleva a cabo y cómo encara después el mundo.

También coincidieron que no legalizar la interrupción del aborto, impulsa a hacerlo en clandestinidad y a estigmas sociales, ya que los marcos restrictivos incrementan los riesgos para la salud de mujeres y personas gestantes.

Las siguiente mesa serán el 01 de julio, con los grupos que no apoyan la despenalización y el 08 de julio, con autoridades consultadas