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San Miguel de Allende, Gto., 12 de marzo de 2026.– A un año de la muerte de la pequeña Alana, presuntamente a manos de agentes de la Fiscalía del Estado, el expediente permanece detenido. Por ello, familiares de la menor denuncian una actuación parcial de las autoridades y reiteran su exigencia de justicia.
La madre de la niña, Mariana Paulina Almanza Marroquín, junto con otros familiares, acudió con pancartas para intentar encontrarse con el fiscal del estado de Guanajuato, Gerardo Vázquez Alatriste. El funcionario asistía a la Sesión Solemne por el Bicentenario del nombramiento de San Miguel de Allende como ciudad. Sin embargo, no lograron acercarse, ya que un cerco de seguridad restringió los accesos a la zona donde se realizó el acto, frente a la parroquia de San Miguel Arcángel.
De acuerdo con testimonios de la familia, el día de los hechos varios vehículos particulares con vidrios polarizados y agentes vestidos de civil interceptaron el automóvil en el que viajaba la menor, sin identificarse. Ante el temor de que se tratara de un intento de secuestro o de un ataque del crimen organizado, el conductor intentó escapar. En consecuencia, se desató una persecución y posteriormente una balacera.
Durante el intercambio de disparos, Alana recibió impactos de bala en el abdomen y el tórax. Según relató su padre, sus últimas palabras fueron: “Papi, me dieron, tengo sangre”.
Posteriormente, la familia supo que los agresores pertenecían a la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGE). Los agentes buscaban ejecutar una orden de aprehensión contra el padre de la niña por una denuncia de tentativa de feminicidio interpuesta por su propia hermana, tía de la menor, en medio de una disputa legal por una herencia y diversas propiedades.
Horas después, Alana murió en un hospital a causa de las heridas. La familia la sepultó el mismo día en que habría cumplido nueve años.
Tras los hechos, Alan “N” fue detenido inmediatamente después de llevar a su hija al hospital.
En un inicio, la Fiscalía lo señaló a él y a su escolta de poner en riesgo a las menores y de disparar contra los agentes.
En distintas etapas del proceso, el padre fue liberado y reaprehendido en tres ocasiones por acusaciones de tentativa de feminicidio y violencia familiar.
Mientras tanto, la madre de Alana y su equipo legal sostienen que los agentes ministeriales utilizaron fuerza excesiva. Además, denuncian una presunta parcialidad de las autoridades estatales a favor de la tía de la menor. Por esa razón, solicitaron la intervención de la Fiscalía General de la República (FGR) y enviaron peticiones directas a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo.
Finalmente, este 11 de marzo un grupo de manifestantes se reunió en la calle Correo, esquina con Diez de Sollano. Desde ese punto lanzaron consignas con la intención de ser escuchados por el fiscal, diputadas y diputados, así como por la gobernadora. Sin embargo, sus voces no lograron llegar hasta el recinto donde se desarrollaba la sesión solemne.