TJA Guanajuato celebra aniversario corriendo
Guanajuato, Gto., 15 de agosto de 2026.- Guanajuato llevó a la agenda nacional una propuesta para modificar el marco constitucional y ampliar la participación de las fiscalías estatales en las investigaciones relacionadas con delincuencia organizada.
El fiscal general del Estado, Gerardo Vázquez Alatriste, presentó el proyecto de Reforma Constitucional en Materia de Delincuencia Organizada durante la LIV Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.
Ante la fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, y representantes de las fiscalías de las 32 entidades federativas, Vázquez Alatriste planteó fortalecer la coordinación entre autoridades federales y estatales.
La propuesta pretende dotar a las fiscalías estatales de mayores herramientas jurídicas para participar de manera más activa en la investigación y persecución de delitos relacionados con grupos criminales organizados.
El planteamiento parte de que la delincuencia organizada opera más allá de límites municipales y estatales, por lo que su investigación requiere coordinación entre instituciones y una definición clara de atribuciones.
“No podemos soslayar que este fenómeno no reconoce fronteras ni límites territoriales; su combate, entonces, requiere instituciones coordinadas, capacidades fortalecidas y actuando bajo un esquema de atribuciones claras”, señaló la Fiscalía de Guanajuato.
Además, el proyecto busca colocar la participación de las entidades dentro de la discusión nacional sobre las herramientas necesarias para enfrentar delitos vinculados con organizaciones criminales.
Tras conocer el proyecto, la Asamblea Plenaria instruyó a su Secretaría Técnica para distribuir la iniciativa entre las fiscalías y procuradurías del país.
Cada institución podrá revisar el planteamiento y presentar observaciones y opiniones jurídicas antes de que la discusión avance hacia otras etapas.
De esta manera, la propuesta presentada por Guanajuato entrará en un proceso de análisis entre las instituciones de procuración de justicia de las entidades federativas.
La iniciativa todavía deberá recorrer el proceso correspondiente antes de convertirse en una eventual reforma constitucional. Por ahora, las fiscalías del país analizarán sus alcances jurídicos y la posibilidad de fortalecer la participación estatal frente a delitos relacionados con el crimen organizado.