Los derechos y el género

El informe reciente del Banco Mundial sobre pobreza y equidad en México revela que uno de los principales obstáculos para superar la pobreza es la insuficiente inclusión de género. Los datos no refieren al empoderamiento de la mujer en abstracto, sino a algo más concreto: el empleo. Señala que “la participación laboral femenina en México se encuentra entre las más bajas en comparación con otros países”. Incorporar laboralmente a la mujer representa una de las acciones básicas para reducir la brecha de pobreza y desigualdad.

El señalamiento es consistente con la percepción de que las mujeres enfrentan un entorno hostil y, en muchos casos, de riesgo generalizado. La violencia familiar es una de esas realidades, así como el hecho de que persisten agresiones en distintos contextos, incluido el laboral, a través del acoso. Las cifras son abrumadoras: estudios refieren que alrededor del 70% de las mujeres han sido objeto de acoso. De acuerdo con el INEGI, 22% han experimentado ciberacoso, una de las modalidades recientes de agresión contra la mujer.

En México es tradicional apostar por la legislación para resolver los problemas. La salud, la vivienda, la calidad educativa, la protección al medio ambiente, entre otros asuntos, se pretenden resolver desde la Constitución y las leyes. No está mal, pero si las decisiones legales no se acompañan de políticas públicas, de instituciones consecuentes y de socialización del cambio, muy poco puede lograrse. México, campeón en las intenciones y fracaso en los resultados.

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