Personal de apoyo del Poder Judicial Federal, en ascuas/Paulino Lorea

Con motivo de la promoción, impulso, polémica y discusiones sobre la reforma al Poder Judicial de la Federación, primero como iniciativa legislativa del Presidente de la República, apoyada por los miembros de su partido político MORENA, y por la Presidenta Electa Claudia Sheinbaum, muchas veces se aclaró, se confirmó y se aseguró que “no se afectarían los derechos laborales del personal del Poder Judicial de la Federación” y que dicha reforma solo impactaría en los niveles de Ministros, Magistrados y Jueces, pues todos deberían ser removidos para designar a los nuevos por elección popular.

Una vez aprobada la iniciativa de reforma mencionada, con algunas modificaciones y precisiones, se reiteró nuevamente en varias declaraciones de los mismos personajes, el “no afectar los derechos laborales del personal del Poder Judicial modificado”, que no se preocuparan los integrantes de cargos y posiciones de menor rango como lo son los Secretarios Proyectistas, los Secretarios de Estudio y Cuenta, los Secretarios de Juzgado, los Actuarios, los Oficiales Judiciales, y demás personal de apoyo.

A fin de dar por concluido el paro nacional de todas estas instancias judiciales y del personal administrativo y de apoyo, el jueves 19 de septiembre se difundió un Acuerdo del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) donde se señalaba que dicho Consejo había acordado dar por terminado el paro nacional para retornar el próximo día 23 de septiembre al trabajo cotidiano y a reanudar los plazos de término que habían quedado suspendidos.

Con estas noticias el viernes 20 de septiembre culminó una semana agitada con varias notas sobre el tema todavía expresando el desacuerdo con la reforma al Poder Judicial por varios juristas y representantes de diversas instituciones, así como también de algunos organismos a nivel internacional.

No obstante, cuando todo parecía calmarse, se filtró o se difundió intencionalmente una propuesta de decreto emitida en el momento más inoportuno por el ahora Senador Saúl Monreal Ávila, hermano de Ricardo Monreal, que denominó “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SEREFORMAN LOS ARTÍCULOS 129 Y 163 LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, EN MATERIA DE REMUNERACIONES DE MINISTROS, MAGISTRADOS Y JUECES FEDERALES.”

En el contenido de esta apresurada iniciativa e intención de perjudicar lo más pronto posible en sus sueldos a los actuales ministros, magistrados y jueces, este legislador zacatecano propone eliminar entre otras prestaciones las pensiones vitalicias para ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, además de incluir el que ningún servidor público integrante del Poder Judicial Federal podrá recibir remuneración por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión mayor a la establecida por el Presidente de la República en el presupuesto correspondiente.

En este sentido, aparentemente el personal de apoyo del Poder Judicial de la Federación no sufriría perjuicio en sus prestaciones y derechos laborales, como son los salariales pues los Secretarios en sus rangos perciben menos sueldo que el Presidente de la República; no así los altos funcionarios como son Jueces, Magistrados y Ministros, los cuales serán ajustados a nivel menor que el Presidente de la República, pues es lo que precisamente habría disgustado al Primer Mandatario desde hace algunos años por no obedecerlo.

Pero el mismo viernes muchas organizaciones de personal del Poder Judicial encabezados por Secretarios de Juzgados Federales y de Tribunales Colegiados de Circuito, manifestaban su inconformidad por esta propuesta de decreto del hermano de Ricardo Monreal, que despierta desconfianza y les crea desazón, puesto que de ahí puede derivarse una reducción o disminución a sus salarios, con cualquier pretexto posterior, como sería el de igualar la proporción en relación con los ingresos de Jueces y Magistrados, aunque ellos ganen o perciban un salario notoriamente más alto; el efecto podría venir en cascada, por eso especulando que para tener mayor seguridad debería de incluir esta propuesta en el texto garantizar que a los niveles de Secretario para abajo no se afectará por ningún motivo su percepción salarial.

Este simple detalle, afectaría a miles de trabajadores del Poder Judicial Federal y podría constituir un serio problema para la implementación de la obsesiva reforma ya aprobada y hasta el momento de escribir esta entrega ya se tiene la seguridad de que efectivamente no retornarán a laborar mañana 23 de septiembre, pues las bases de trabajadores continuarán el paro en protesta por este decreto de Saúl Monreal, hasta el día 2 de octubre.

En esta Ley puede estar la trampa y nuevas mentiras de los legisladores de MORENA. Qué bueno que los trabajadores de menor nivel no se dejen.