Columna Descomplicado/Jorge Robledo
Las circunstancias extremas son la mejor prueba para personas, organizaciones y países; desde luego, también para los gobiernos. El país enfrenta desafíos mayores resultado de la convergencia producto lo realizado en el pasado distante, de lo que ocurre ahora en el mundo y de lo que han generado quienes más influyen en el destino de las cosas, más que nadie quienes gobiernan. Al mexicano de a pie solo puede imputársele el sentido de su voto, si es que salió a sufragar.
En México, la crisis de Estado es tan grave que no resulta excesivo cuestionarse si realmente existe. El poder y cierto orden están presentes; sin embargo, la falta de Estado remite a tres expresiones sustantivas difíciles de acreditar: el monopolio legítimo de la violencia, el régimen de legalidad y justicia, y un Estado que ofrezca certeza económica y bienestar a través de educación, salud, cuidado del medio ambiente e infraestructura, entre otros bienes públicos. De todo ello, haber cedido en la legalidad ha tenido mayor efecto en la crisis sistémica del país y en la vigencia plena del Estado.
México no tiene culpa de que en Estados Unidos arribara a la presidencia Donald Trump por segunda vez. En cierta medida, la responsabilidad recae en su antecesor, quien decidió muy tarde no reelegirse, y en votantes que, exasperados por sus condiciones de vida, abrazaron la causa del demagogo populista; entre ellos, jóvenes y parte del llamado voto hispano, hoy claramente arrepentidos. Trump ha sido factor de disrupción del orden internacional, de la política doméstica y, desde luego, de la relación bilateral, que apunta hacia la principal debilidad de México: en amplios territorios del país no hay autoridad, y la corrupción lleva a la connivencia de la política con el crimen organizado. Mientras impere la impunidad, la soberanía nacional quedará expuesta.
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