Filtrar candidatos/Paty Sánchez

La postura de la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, de que no puede convertirse el Instituto en juez y parte de una elección, porque su función es organizar elecciones con certeza, legalidad y en condiciones de equidad, es sensata.

Esto, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum presentó una iniciativa de reforma que plantea la creación de la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, un órgano que dependería del Instituto Nacional Electoral (INE) y funcionaría como enlace institucional para alertar a los partidos políticos sobre aspirantes con posibles vínculos con la delincuencia organizada.

Y sí, suena conveniente la forma en que esta iniciativa propone revisar a las y los candidatos porque consultaría los perfiles con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la Fiscalía General de la República (FGR); sin embargo, llama la atención el papel que tendría el INE, porque, como señala la presidenta del instituto, no es el INE quien deba validar la integridad de candidaturas ni calificar los antecedentes de las y los aspirantes.

Ya en la propuesta, la comisión estaría conformada por cinco consejeros electorales, elegidos por el Consejo General para ocupar el cargo por un periodo de tres años.

Viendo casos como el reciente Operativo Enjambre en el Estado de México, así como las detenciones de los alcaldes de Teuchitlán y Tequila, aquí en Jalisco, o las recientes capturas de exfuncionarios y autoridades de Morelos, donde el crimen organizado opera junto con los alcaldes, es necesario que los partidos cuenten con un filtro para conocer quiénes son las personas que llevan ante la autoridad electoral y que presentan como sus candidatos, no solamente limitarse a solicitarles que no tengan sentencias por violencia política de género o no ser deudor alimentario moroso, sino contar con un mecanismo que les permita saber si una persona que se postula por el partido tiene o no algún antecedente. Es ahí donde recae la responsabilidad de los perfiles y donde inicia o termina la credibilidad de un partido político.

Los institutos electorales deben endurecer sus requisitos para un registro; los actuales son insuficientes.

Por otro lado, los partidos deben ser sancionados, que pierdan el registro o enfrenten consecuencias severas si postulan a personas vinculadas con el crimen organizado. Limpiar al país de narcoalcaldes es complicado, pero existe la oportunidad de impedir que en las próximas elecciones más de estos personajes lleguen a gobernar.